Políticos mueven sus influencias para liberar con artimañas a Cristobal N. el junior en estado de intoxicación que le arrebató la existencia a dos trabajadores y dejó gravemente herido a otro en Morelia. Su madre, Brenda, la secretaria de finanazas del Partido Verde de Michoacán y su pareja, el Director de Fondo de Ayuda de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jonatan Isahib, tratan de mover cielo y tierra para que el responsable no pague su delito en prisión y lejos de ponerse del lado de las víctimas, operan para darle impunidad al victimario, así lo señaló el dirigente de Revolucion Social, René Valencia, al exhibir la presunta corrupción y nepotismo en la FGE que, por la miserable cantidad de 40 mil pesos, trataron de dar por perdido el exámen toxicológico del responsable para realizarle uno nuevo cuando presentara menos grados de alcohol. Además, acusó al padrastro Isahib de estar del lado de Cristobal N. pese a que su cargo público en el Gobierno de Michoacán lo obliga a ponerse del lado de las víctimas.
Juez que dejó en libertad hace unos momentos al junior ebrio que privó de la vida a dos trabajadores en Morelia, participa como candidato a Juez en materia penal acusatoria en las elecciones del Poder Judicial. El funcionario consideró que Cristóbal N, hijo de influyentes políticos, podía llevar su proceso en libertad por homicidio culposo, lesiones y daño, con la condición de que pasara a firmar cada 15 días y no volviera a manejar.
Este fue el juez que dejó en libertad al junior ebrio que privó de la vida a dos trabajadores en Morelia, participa como candidato a Juez en materia penal acusatoria en las elecciones del Poder Judicial. El funcionario consideró que Cristóbal N, hijo de influyentes políticos, podía llevar su proceso en libertad por homicidio culposo, lesiones y daño, con la condición de que pasara a firmar cada 15 días y no volviera a manejar.
La justicia selectiva tiene nombre y apellido: el juez #VíctorFerreyra y el fallo que indigna a Morelia
Por Redacción Denuncia Morelia
#Morelia, #Michoacán.— Mientras las familias de dos trabajadores fallecidos lloran la ausencia irreparable provocada por un conductor ebrio que iba a más de 200 km/h, el juez Víctor Ferreyra, responsable de vincular a proceso —pero dejar en libertad— a Cristóbal “N”, hijo de una funcionaria de alto perfil político, se prepara para competir en las elecciones internas del Poder Judicial como candidato a juez en materia penal acusatoria.
La coincidencia no ha pasado desapercibida: la resolución que tomó Ferreyra, ampliamente cuestionada por su laxitud frente a un caso de homicidio culposo agravado, lesiones y daño, coincide con un contexto en el que los jueces buscan sumar puntos en un sistema de ascensos internos que, en la práctica, ha premiado más la sumisión que la imparcialidad.
En audiencia celebrada este lunes, el juez Víctor Ferreyra dictaminó que Cristóbal “N” podía llevar su proceso en libertad, con medidas cautelares tan laxas como firmar cada 15 días y no volver a manejar. Esto, pese a que había indicios sólidos —incluido un examen toxicológico “extraviado” y misteriosamente reaparecido— que comprobaban el estado de intoxicación del joven al momento del impacto.
Testigos afirman que el vehículo se desplazaba a más de 200 km/h. Las víctimas, tres trabajadores humildes que recién habían cobrado su salario, fueron embestidas brutalmente; dos murieron y uno más resultó gravemente herido. La tragedia fue doble: en el lugar de los hechos, elementos de la policía municipal habrían robado el dinero que los trabajadores llevaban consigo.
La determinación judicial generó un inmediato repudio social, no solo por el agravio a las víctimas, sino por lo que implica simbólicamente: que en Michoacán, la justicia aún tiene precio o, peor, apellido.
Víctor Ferreyra aspira a una posición de mayor poder dentro del sistema judicial, lo cual arroja una sombra aún más oscura sobre su decisión. ¿Pesó en su fallo el origen del acusado? ¿Jugó un papel la red de influencias políticas detrás de Cristóbal “N”? ¿O simplemente fue un ejemplo más del patrón sistémico de impunidad que se disfraza de legalidad?
El proceso electoral del Poder Judicial en Michoacán está diseñado, en teoría, para promover a los perfiles más íntegros, pero este caso deja en evidencia un conflicto de interés latente: jueces que, buscando avanzar en su carrera, fallan no con base en la ley, sino en función de no incomodar a quienes podrían bloquear su ascenso.
Las organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos ya han exigido que el Consejo del Poder Judicial revise de manera minuciosa el fallo de Ferreyra y su trayectoria. Algunas voces incluso han solicitado su inhabilitación como candidato, al considerar que su actuación en este caso pone en entredicho su imparcialidad y sentido de justicia.
Este caso no es solo un expediente más. Es un reflejo de cómo se administra la justicia en México: con rigor para los pobres y tolerancia para los privilegiados. La revictimización de las familias, la sospecha de corrupción y la indiferencia institucional ante una tragedia evidente son síntomas de un sistema que aún se resiste a sanar.
Cristóbal “N” sigue libre. Las familias siguen llorando. Y el juez Ferreyra, lejos de rendir cuentas, busca ascender.
La pregunta que queda en el aire no es si este juez puede impartir justicia, sino si alguna vez lo ha hecho.
Cuando un juez le abre la puerta a la impunidad, también deja entreabierta la entrada al poder para la injusticia.
Si Víctor Ferreyra llegara a ser magistrado, no sólo sería un ascenso en el organigrama, sino una advertencia peligrosa: que en este sistema, juzgar sin ética, ignorar el dolor de las víctimas y favorecer a los poderosos no solo no se castiga… se premia.
Porque un magistrado que ya protegió al privilegio, difícilmente será un defensor de la justicia.